A finales del siglo XIX, al término ya de la tímida revolución industrial española, la compañía británica The Sierra Company Limited abrió un foso en la Sierra de Atapuerca (Burgos) para el posible tránsito de un ferrocarril minero donde, del que al correr del tiempo, ya en calidad del conocido yacimiento paleontológico y arqueológico, hemos llegado a saber que hace unos 800.000 años nuestros antecesores practicaban habitualmente la antropofagia. A juicio de los paleoantropólogos ese canibalismo satisfacía tanto un hábito recurrente de finalidad alimenticia como a un recurso de control competitivo que probablemente se aplicaba sobre niños y adolescentes de otros grupos del entorno.

La economía se ha comportado con nosotros como el obturador de una cámara fotográfica de la Historia: con una larga exposición a la luz del miedo, impresionando las películas del darwinismo social aun antes de que el HMS Beagle fuese siquiera concebible.

Comparado con otros periodos, el control político y económico sobre la población de esa llamada Revolución Industrial que llevó a abrir ese tajo colmatado de Atapuerca del que emerge la fantasmagórica y renqueante figura de un Elvis antecesor viviendo en comunidad ayudó sustancialmente a la disminución de enfermedades, la reducción y expansión de epidemias o a un mayor volumen y eficiencia en la producción de alimentos. Pero a esas fluctuantes y relativas bondades, le acompañaron fuertes variaciones demográficas con un crecimiento sostenido de la población, el impacto de los procesos productivos sobre la base de una intensa y violenta diferenciación social, desigualdades de todo orden, la aparición del proletariado como clase social caracterizada por la explotación, y la exclusión inherente al capitalismo industrial. Todo ello emparejado a una exaltada celebración de la explotación irracional, y sin control del medio ambiente como nunca antes se había producido.

Ahora, en este nuestro escenario postindustrial, global, tecnológico, y de aguda y decisiva crisis del sistema capitalista, y para la biodiversidad terrestre, en la cotidianidad de éste recién estrenado siglo XXI, aceptamos e interiorizamos con incomprensible candidez y estoicismo que las afecciones relacionadas con la exposición inevitable, e inconsciente, a sustancias tóxicas hayan disparado como nunca en todo el planeta el número de casos de cáncer, de enfermedades inmunológicas, de alteraciones hormonales, de autismo, problemas neurológicos o reproductivos… haciendo especialmente vulnerables entre todos los grupos de población a las mujeres gestantes y a las niñas y niños. Sabemos desde hace tiempo que la insospechada permanencia de elementos químicos en la sangre, o un impacto atómico en una célula humana, y la alteración en la secuencia determinada de los ácidos nucleicos, en el mejor de los casos, puede ser el origen de un cambio congénito capaz de alterar el color de los ojos de un individuo o generar en él trastornos neurológicos irreversibles. A pesar de ello, ni la relevancia de sucesos como los de Bhopal, Chernóbil o Fukushima parecen suficientes para disipar el letargo, la insensibilidad social ante un sistema que justifica semejantes riesgos y desastres para la vida. Todo parece reducirse a una fatalidad probabilística, fallos excepcionales en el actual ciclo de una máquina demasiado compleja para el entendimiento común.

Sin embargo, parece oportuno subrayar la necesidad de que la ecología social y política no restrinja su posicionamiento hacia la biodiversidad para que asimile en él, también, el de la diversidad funcional (discapacidad) como lo que es, y, probablemente, será siempre: parte indisociable de la condición humana. Además de enriquecer su compendio ideológico, en aras de la equidad, está a tiempo de hacerlo ampliando, o desembarazándose, de razonamientos inquietantes de esa otra economía que sólo tiene una comprensión de la sociedad cifrada en la explotación de la humanidad y el entorno. Existe una corresponsabilidad política heredada de asuntos a resolver en nuestro más inmediato y malentendido bienestar, tóxico, competitivo y brutal. Y al tiempo se debe dilucidar a quiénes y cómo incluye el ecologismo político y social en la actitud humanista desde la que, como especie, hemos desarrollado la capacidad distintiva de organizarnos en sociedades que cooperan entre sí sobre la base de conceptos como la equidad, el respeto a la diferencia, la justicia… Y optar por si las personas con diversidad funcional son beneficiarias de una u otra consideración, y las consecuencias que ello conlleva.

Sobre sus rendimientos se han afianzado cualesquiera derechos para las actividades mayoritarias de la población, sus intereses y aspiraciones vitales, valores que la mayoría estadística sustenta y replica en sus condiciones biofísicas; sus patrones de normalización, sus acuerdos sociales y culturales transmitidos generacionalmente, y con sus soportes educativos orientados a él. Está dotado de la entidad y peso civilizador global sin el que no hay ni parece posible la Humanidad.

El barco del crecimiento económico bajo bandera del capitalismo industrial también ha llevado a las personas con diversidad funcional hasta la paradisiaca, y a la vez temible, selva del empleo, aunque como conchas inevitables adheridas a su casco. Cuando ha valorado sus rendimientos en función de sus expectativas de enriquecimiento, ha carenado el navío, despegándolas, no sin antes hacer competentes a médicos y profesionales de toda laya para marcarlas con círculos rojos de distinta intensidad que resaltan y vinculan déficit, daño, con productividad, y éstos con derechos civiles y económicos.

Las posibilidades laborales de las personas con diversidad funcional están sobradamente acreditadas. Cosa distinta es que satisfagan los objetivos de maximización de los beneficios del capitalismo o que sus ritmos de actividad condicionen la producción, y no a los individuos, eventualidad que alimenta falsos prejuicios culturales y sociales para nuestra inclusión:

“La única vez que estas cifras cambiaron de forma sustancial fue durante las dos guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, 430.000 discapacitados que habían sido excluidos previamente del mercado de trabajo se incorporaron a las fábricas y a la industria, y no sólo en labores de muy escasa relevancia, sino a menudo en puestos importantes de supervisión y gestión (Humphreys y Gordon, 1992). Me parece que la razón es muy sencilla. El objetivo del trabajo durante esas dos guerras no era obtener el máximo beneficio, sino luchar contra el enemigo común. Se organizaba el trabajo según los principios de la cooperación y la colaboración, y no sobre los de la competición y la obtención del beneficio máximo.

Se prima a los individuos que garanticen soportar la mayor presión posible. Son meros instrumentos. Aun en una planificación del trabajo sustentado en la actual tecnología que automatiza y mitiga todo esfuerzo, a nosotros se nos excluye y ubica en los circuitos diferenciados, institucionales, del control social e ideológico como elementos perturbadores de la norma, y depositarios del miedo colectivo. El hierro candente de la divisa “incapacidad” con la que se nos encierra en cortijos como manada vergonzante y exótica de la especie es la marca en piel que nos identifica, y que facilita y racionaliza desde el siglo XIX y XX las ominosas políticas eugenésicas, de exclusión e internamiento. Nos hace piezas aun más inmóviles, crustáceos de los concheros acumulados a orilla del mar desde los que vemos la singladura de los procesos económicos, y ahora el embarrancamiento del buque del crecimiento.

Desde mediado y final del siglo XX, la socialdemocracia europea como adalid del Estado de Bienestar trató de establecer pautas estructurales, medios y discursos culturales inclusivos y de socialización que, generalizados, han tratado de paliar la segregación. Pero su transigencia y conformismo con el sistema e ideología liberal que los genera y mantiene se ha revelado como una aspiración tan beatífica como ineficiente para cambiar los soportes que mantienen la exclusión de las personas con diversidad funcional.

La normalización y ese énfasis puesto en el trabajo como única y totémica instancia para la inclusión y la igualdad se ha comportado hasta ahora como un agujero negro absorbente de todos los esfuerzos individuales de las personas con diversidad funcional, de sus organizaciones y de las estructuras de ese modelo de Estado. Ese orden de cosas ha hecho endémicas las situaciones de injusticia, desigualdad social, pobreza y ausencia de derechos humanos, justificándolas como efectos indeseables, pero ineludibles de la naturaleza del propio sistema, de sus ciclos de crecimiento que conllevan situaciones de inequidad, de re-entrada en crisis y de mutación traumática hacia un nuevo ciclo, aun mediando conflictos bélicos o cataclismos económicos.

Sin embargo, no todas las personas con diversidad funcional pueden trabajar. Algunas no lo harán jamás o lo harán de modo variable, discontinuo, y no estándar (con suerte, hasta puede que con asistencia o adaptación tecnológica). Cuando lo hacen, siempre es en calidad de “un problema” económico más para el sistema productivista, y así se presenta ante todos. Por demás, en términos generales, el reducido sector de personas con diversidad funcional empleable lo es dentro de los estrechos márgenes que ofrece el mercado en sectores de producción residuales, marginales y subvencionados. Esto, sumado al riesgo del deterioro físico y psíquico que amenaza a cualquier trabajador, pero que aumenta en quienes no comparten cánones de normalización ni siquiera en los estándares de una jornada laboral, aun devalúa más si cabe su inmersión en el mundo del trabajo tal cual se concibe éste.

En términos de cruda simplificación se puede afirmar que existe un velado consenso eugenésico compartido por la derecha y la izquierda política hacia las personas con diversidad funcional, aunque, bien es cierto, que por mayor obra de la infestación ideológica de los defensores de la economía del libre mercado.

El sistema tiene anticuerpos contra la diversidad funcional, aunque desarrollados tras sus perturbadoras enfermedades de juventud. Su infección tiene que ver con el añejo virus del liberalismo económico que ha elaborado, metabolizado y expandido desde antiguo la imperturbable ideología que defiende que las políticas sociales redistributivas (esas que afectan al amplio espectro de la demografía, la sanidad, el empleo, las clases pasivas o la lucha contra la pobreza y la exclusión en nuestro caso…) descansan sobre valores morales subjetivos y prescindibles, que en la mayoría de casos no son más que fastidiosas transferencias de rentas a las que obliga el criterio pusilánime del Estado paternalista. Se cambian de mano sumas que nada remedian, y simplemente mudan el traje del portador de la precariedad a cuenta de restar recursos al mercado, verdadero generador y regulador de la riqueza y del sosiego universal.

Es el virus del egoísmo racionalizado como bien social, que no admite verse obstaculizado por legalismos o la moral inducida, porque después de todo, se hace evidente como una «mano invisible» que favorece el bien común (Smith, A.). Para él, por el contrario, trasfigurado ya como neoliberalismo, las situaciones sociales que desencadenan sus maquinaciones en la economía le son tan impersonales y asépticas como la matemática que guía el trazo de sus números y la ingeniería de sus transacciones, lo que las hace neutras, descargadas de moralidad y, por tanto, de injusticia No tiene arte ni parte con el origen del oleaje que genera su navío en las aguas por las que navega… Es el “qué le vamos a hacer, la realidad es la que es y, aun así, vamos avanzando…”; es la apreciación plana de lo único, y tiene la férrea lógica de que todo pensamiento debe plegarse a lo que es único. Admite que la miseria o volubilidad de la fortuna existen, pero por obra de la vagancia, por la indolencia menoscabando la iniciativa individual, por el azar, por la fatalidad física, intelectual, etc., y esos atributos no son materia mercantil –o no del todo–, y a lo más sólo cabe aplicar la caridad sobre esos sucesos o animar a otros a la solidaridad.

Cualquier otro modelo de pensamiento que le dé réplica le es indiferente, y solo lo entiende como una opción superflua que otros pueden tomar, no como reacciones por la presión de su carencia de justicia. Así, una sociedad en la que se ha impreso la idea de que la oferta y la demanda no solo regulan la riqueza de las naciones sino que su fortalecimiento aun provoca que los beneficios “goteen” sobre los más necesitados (teoría del trickle down o ‘efecto goteo’) se pliega más y mejor a la idea de la “inevitabilidad de las tragedias” y las privaciones que conllevan cuando las máquinas del mercado se atoran. Y así es como se engranan y giran bien aceitadas las ruedas del artefacto del mundo según el neoliberalismo para nosotros. Cuando la bonanza del crecimiento económico hincha y tensa las velas de los navíos de ese sistema, hasta las aguas de la insuficiencia y de los obstáculos de la fortuna se apartan de sus quillas. Por el contrario, en la calma chicha, hasta los objetos más nauseabundos pueden llegar flotando hasta el casco a riesgo de adherirse a él.

La izquierda social y política, desde mediados del siglo XX, con su más preminente representación en la socialdemocracia, ha aceptado un recitativo de subordinación en ese teatrillo de la redistribución de la riqueza y de los recursos sociales para las personas con diversidad funcional que la ha obligado a ceñirse a un guión ideológico poco más que paliativo, de mejoras en el corto plazo, y que han inducido políticas de tolerancia hacia la institucionalización, la exclusión o el conservacionismo y mantenimiento de lo poco que ha logrado arrebatarse al sistema en algún quiebro de osadía. Sus logros no parecen propiciados por el humanismo hacia el fenómeno natural de la diversidad funcional en sí, sino por mecanismos reactivos frente a la explotación laboral de los trabajadores, y que desde la mitad del siglo XX han quedado en logros sociales ̶ normativos las más de las veces ̶, expresados en legislaciones nacionales e internacionales protectoras del daño y la limitación en la órbita del trabajo (OIT) o reparadores tras conflictos armados. Generalmente, se han afianzado como medidas pasivas de transferencia de renta (indemnización económica) y de protección básica, y que no tantas veces como es debido han logrado hacer responsable social al estamento empresarial. Y todo, sometido a revisión a la baja en el tiempo presente…

Pero, en síntesis, ¿de qué estamos hablando…?

De una correlación de factores de la situación que bien puede ser esta:

Para aquellos que jamás hemos tenido vida en términos de humanidad equiparable económica y socialmente a los de la mayoría estadística, para los que nunca hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”, el augurio de insuficiencia social que se combina a la autarquía que traerá un espacio de decrecimiento económico queremos creer que no necesariamente ha de ser pernicioso para un nuevo paradigma de la diversidad funcional. El decrecimiento puede involucrar una reinterpretación y un revitalizador ejercicio democrático que incluso se correspondería más con las ideas rectoras del Movimiento de Vida Independiente:

• Autodeterminación.
• Derechos Humanos, civiles, políticos y económicos.
• Auto-ayuda.
• Empoderamiento.
• Responsabilidad sobre la propia vida y las acciones.
• Derecho a asumir riesgos (y a equivocarse al hacerlo)

Nos anima la impresión de que estos principios parecen tener adelantado un buen trecho para su acomodo en economías cooperativas, arraigadas en valores sociales y no en la didáctica de la dominación, la codicia y la selección de los más aptos en un orden del mundo configurado por ellos. El “biocentrismo” al que nos aboca nuestra herencia como especie económica, puede hallar nuevos estándares de calidad de vida si se satisfacen necesidades vitales con el menor impacto en el medio y en sus sutiles equilibrios, balanceando la justicia con la ecología.

Ese objetivo, para el que ya el tiempo corre en nuestra contra, puede buscarse en la promoción de elementos como:

• la cultura de la suficiencia
• la migración a comunidades de menor tamaño
• la revalorización de lo local
• la progresiva prescindencia del intercambio dinerario por transacciones  aptas para una economía moral
• el papel imprescindible de las redes sociales y de intercambio
• la priorización de los recursos de proximidad y tradicionales (como los que aun perviven en sociedades rurales o surgidas en la regeneración de los barrios en los conglomerados urbanos).

Una sociedad más afirmada en la cultura derivada de la ecología política y la justicia social no liberará a las personas con diversidad funcional del límite biológico o la accidentalidad, pero no puede admitir los esquemas de la exclusión sobre los que se ha asentado el secular modelo anterior sin enfermar irreversiblemente de una mayor ignominia que aquella.